¿UN GOBIERNO QUE ESCUCHA?
El gobierno valenciano ha actuado faltando a los principios elementales democráticos violando los derechos fundamentales de nuestras profesiones
En el día de ayer se aprobó la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana que, paradójicamente, es gravemente discriminatoria para los titulados universitarios en pedagogía y psicopedagogía; un colectivo al que representamos por ley -no se olvide- desde el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y que está compuesto por varios miles de profesionales, el 80% mujeres, de los cuales un amplio porcentaje desempeña su función profesional en el ámbito de los Servicios Sociales.
Durante estos meses, hemos tratado de paliar, en la medida de lo posible, el primer borrador de esta ley que nos excluía a los pedagogos y ni tan siquiera tenía en cuenta a los psicopedagogos. Hemos intentado de forma tan reiterada como infructuosa entrevistarnos para tratar este tema con la Sra. Consellera Mónica Oltra, y con la Sra. Directora General de la Infancia y Adolescencia Rosa Molero. No sólo no hemos recibido contestación alguna a nuestros escritos, si no que hemos llegado a atender protestas de colegiados/as por el tratamiento discriminatorio hacia los profesionales de la pedagogía y psicopedagogía en sus intervenciones públicas previas a la tramitación de la ley.
Aun así, no hemos desfallecido en ningún momento. Hemos elaborado varios informes sobre la formación y la capacitación de los pedagogos y psicopedagogos para el desempeño de estas funciones, que por cierto venimos desempeñando con plena competencia profesional y el máximo compromiso social desde hace bastantes décadas, mucho antes, desde luego, de la propia existencia de otras profesiones que han recibido un trato, sin duda, más inclusivo en el texto legal.
Queremos agradecer el apoyo incondicional a nuestras reivindicaciones, que desde el primer momento hicieron propias, tanto de la Universitat de Valencia como la Universidad Católica de Valencia, ambas con las titulaciones de pedagogía y que agradecemos enormemente. Aunque falta añadir que las Universidades, que presentaron sendos escritos en el mes de febrero, tampoco recibieron contestación alguna.
A pesar de todo hemos tratado de hacer llegar nuestras reivindicaciones al texto del anteproyecto, pese a que no fuimos convocados a participar en ello, como por otro lado es preceptivo para los Colegios profesionales en la legislación vigente. Al menos podemos afirmar que no hemos desfallecido en ningún momento.
Hemos conseguido hacer llegar nuestras propuestas a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianas. Ciudadanos, Partido Popular y Podemos, a los que agradecemos su buena disposición y diligencia para cumplir con su obligación hacia los ciudadanos. El Grupo Socialista y Compromís, hasta la fecha, no han tenido a bien recibirnos ni cumplir con su obligación para con los ciudadanos.
También nos sentimos en la obligación de mencionar que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una enmienda a la ley para que se incluyesen nuestras titulaciones en el texto legal, que finalmente no fue aprobada. Pero agradecemos públicamente su apoyo en todo momento.
¿Qué hemos logrado?
Nuestro objetivo en todo momento ha sido que los profesionales de la pedagogía y la psicopedagogía fuésemos considerados en el texto legal, al menos, en igualdad de condiciones que otras profesiones de más reciente creación. Evidentemente no lo hemos conseguido. Ahora bien se han conseguido tres objetivos, que no es poco dadas las circunstancias a las que hemos tenido que hacer frente en este proceso:
1.- Los profesionales con nuestras titulaciones que actualmente están trabajando, quedan cautelados y seguirán haciéndolo como hasta ahora.
2.- Que en la Ley se reconozca explícitamente la figura del psicopedagogo -que no se mencionaba en el anteproyecto- en igualdad de condiciones que el pedagogo.
3.- Los pedagogos y psicopedagogos podrán ser contratados si así lo estima oportuno el convocante. Para ello estaremos, como siempre, atentos a cada convocatoria y denunciaremos aquellas que no se ajusten a la legalidad.
¿Y ahora qué?
Nos queda mucho por hacer y tenéis mi compromiso personal y de la junta de gobierno de seguir trabajando sin descanso hasta conseguir nuestros objetivos:
1.- Seguir trabajando y negociando para que en el desarrollo legal y reglamentario de la ley , se contemplen nuestras profesiones en igualdad de condiciones que el resto de profesionales.
2.- Como no podía ser de otra manera, acudiremos a los tribunales en todas las ocasiones en las que se realicen ofertas de empleo, impugnaremos tanto la convocatoria como la propia ley.
Aunque el camino no está siendo fácil, estamos seguros de que finalmente al final ganaremos esta batalla de una ley enormemente discriminatoria, en la forma y en el fondo, con nuestra profesión. Además, consideramos que en su proceso de elaboración y tramitación hemos sido ninguneados de forma tan injusta como incomprensible. En cualquier caso, el Colegio Oficial seguirá siendo una corporación profesional, plural, abierta y políticamente independiente, que continuará trabajando por la defensa de nuestras profesiones y por la mejora de la sociedad en su conjunto.