Como sabéis, desde el COPYPCV hemos estado muchos años reivindicando ante las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana la modificación de la ORDEN de 16 de mayo de 2001, de la Conselleria de Sanidad, por la que se establecían los requisitos y condiciones básicas de autorización y funcionamiento para consultas de profesionales sanitarios, concretamente de su ANEXO en el cual se regulaban los requisitos que debían cumplir estos centros, y de cuyo texto se desprendía la imposibilidad de compartir espacios a profesionales de pedagogía y psicopedagogía con profesionales sanitarios.

Tras numerosos escritos desde el año 2014 y alguna reunión con las autoridades sanitarias, en la que se nos informó que se iba atender nuestra petición, al fin en 2017 se publicó una nueva orden que derogaba, entre otras, a la de 2001 y que dadas vuestras reiteradas consultas hemos considerado recordar y compartir con todos los colegiados/as.

La ORDEN 7/2017, de 28 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se desarrolla el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, por el que se establecen las autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Conselleria de Sanidad, estuvo incluida como una de las iniciativas reglamentarias a tramitar por la Conselleria en el marco del Plan normativo de la administración de la Generalitat 2017, aprobado por Acuerdo del Consell de 17 de febrero de 2017.

Constituye su objeto y ámbito:

1. Desarrollar el procedimiento de autorización de los centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados, ubicados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Establecer los requisitos técnicos complementarios básicos que los centros y servicios sanitarios de la Comunitat Valenciana, deben cumplir para su autorización sanitaria.

En su Título IV regula los Requisitos de los centros, servicios sanitarios y biobancos, concretamente en su Artículo 20. Requisitos básicos de los centros, servicios sanitarios y biobancos:

“d) Relativos al personal:

Los centros y servicios sanitarios objeto de esta orden deberán acreditar la titulación del personal sanitario y la norma o protocolo de identificación del mismo en su indumentaria con su nombre y categoría profesional.

Todos los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad en estos centros y servicios sanitarios deberán estar en posesión de la titulación legalmente requerida o habilitación profesional correspondiente para la actividad que realicen y, en su caso, de la colegiación profesional que sea obligatoria.

Los centros en los que vaya a prestar servicio más de un profesional sanitario, deberán nombrar un responsable de la coordinación de la actividad sanitaria, que será un profesional sanitario que deberá reunir los requisitos de titulación o habilitación para alguna de las actividades sanitarias para las que solicita autorización el centro o servicio sanitario.

El personal no sanitario que vaya a desarrollar funciones auxiliares o complementarias a la atención sanitaria en un centro o servicio sanitario, deberá preverse su actuación siempre bajo la tutela, dirección, supervisión y coordinación del personal sanitario.”

Por lo tanto, por fin la normativa ampara un supuesto necesario y que de facto se viene haciendo en beneficio de los usuarios: la existencia de equipos multidisciplinares, para la atención, diagnóstico y tratamiento profesional en los ámbitos de conducta, desarrollo y aprendizaje de la persona.

Hemos recibido notificación de la SENTENCIA Nº 405/2021 del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 5 DE VALENCIA, del procedimiento nº 587/2020 iniciado por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana contra el Ayto de Burjassot, en el que el COPYPCV se personó como Co-demandado.

Con esta sentencia ya son dos las que DESESTIMAN INTEGRAMENTE las demandas presentadas contra el Decreto de alcaldía, concretamente las iniciadas por el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, a consecuencia de la estimación del Ayto. de Burjassot de nuestro recurso de reposición y, en consecuencia, de nuestra inclusión en la convocatoria para formar parte de su equipo de Servicios Sociales.

En ambas sentencias desestimatorias se declara la resolución de la alcaldía de Burjassot conforme a Derecho basando su fallo en diversas sentencias de este orden contencioso-administrativo en las que a la hora de valorar el ámbito profesional de las profesiones tituladas se establece la prevalencia el principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de exclusividad y monopolio competencial.

Añadiendo además que, en aplicación lo dispuesto en el artículo 64.3 de la ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos en la Comunidad Valenciana el precepto no ajusta la composición del equipo de intervención social a las titulaciones relacionadas en el primer párrafo de este apartado tercero, sino que añade que "podrán incorporar otras figuras profesionales con titulación universitaria en pedagogía y otras disciplinas o áreas de conocimiento procedentes de los ámbitos de las ciencias sociales y de la salud". Por lo que la apertura de los puestos de trabajo en los equipos sociales a pedagogos es potestativa ("podrán incorporar") lo que supone que se deba motivar especialmente la negativa a admitirlos, pero no la apertura a los mismos, en la medida en que se trata de una facultad legal ordinaria en la constitución de los equipos cuya motivación ya viene dada por la propia norma.

Por lo que desde esa perspectiva legal y desde la interpretación jurisprudencial se concluye en apreciar la manifiesta corrección jurídica de la incorporación de los licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía, tal y como quedó establecido tras la modificación de las bases de la convocatoria.

Nuestro Colegio Oficial siempre ha apostado por equipos mutiprofesionales respetando el espacio profesional de cada titulación. Ha quedado de manifiesto la verdadera intención de los Colegios Oficiales de Psicología y Educación Social, solicitando la exclusión de nuestras profesiones que estamos seguros que no representa el sentir de nuestros colegas de la psicología y educación social.

Representantes del COPYPCV han asistido esta mañana a la jornada inaugural del Plan de Formación Básico para profesionales que interviene en el ámbito de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, organizada por la Conselleria de igualdad y políticas inclusivas. Tras la presentación de acto, D. Jaume Funes Artista ha expuesto la ponencia titulada "Ocuparse de los niños, niñas y adolescentes entre viejas y nuevas crisis. De la pobreza que desampara al malestar que trastorna" en la que ha destacado, pese a los ataques continuos del colegio de psicólogos y educadores sociales contra nuestra profesión, el conferenciate reconoce la importancia de hacer PEDAGOGIA A LA SOCIEDAD: de descubrir las limitaciones de los progenitores y ayudarles a construir sobre ellas, sin convertir sus impotencias en incapacidades. Porque el trabajo del profesional del ámbito de protección a la infancia y la adolescencia es buscar el cambio de cara a conseguir que todas las personas tengan una calidad de vida razonable.

El pasado 18 de junio el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos remitió al Ministerio de Educación sus propuestas para la mejora del sistema educativo. El documento se divide en 10 ámbitos diferentes con 27 propuestas. Son propuestas técnicas que vienen a referenciar la absoluta necesidad de profesionalizar el sistema educativo y eso significa invariable y necesariamente la formación pedagógica del profesorado y la presencia de nuestras profesiones en todo el sistema educativo, obligatorio y postobligatorio.El pasado 18 de junio el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos remitió al Ministerio de Educación sus propuestas para la mejora del sistema educativo. El documento se divide en 10 ámbitos diferentes con 27 propuestas. Son propuestas técnicas que vienen a referenciar la absoluta necesidad de profesionalizar el sistema educativo y eso significa invariable y necesariamente la formación pedagógica del profesorado y la presencia de nuestras profesiones en todo el sistema educativo, obligatorio y postobligatorio.

Se adjunta el documento enviado al ministerio